Por Pablo Sigismondi l Especial. En abril de 1998, el gobierno de Papúa Nueva Guinea firmaba un acuerdo de paz con los rebeldes de la provincia de Bougainville tras un enfrentamiento que provocó miles de muertos.

“La mina de Panguna ha vuelto ricos a los extranjeros y a unos pocos del Gobierno. Nos ha robado la tierra, ha destruido el suelo y el agua. No tenemos más agricultura. Ya no podemos pescar ni nadar. Nuestro futuro parece espantoso”, contaba Elly Gwari, una joven de cabellos rubios y piel renegrida. A nuestro alrededor, los mosquitos invadían el aire. La casa de madera, con paredes de caña de bambú entrelazada y techo de hojas de palma, se confundía con las exuberantes flores y plantas. “Aquí el agua está tan contaminada que las larvas desarrollan gusanos que luego van a la gente y a los animales. Nos sobra cólera, disentería, fiebre tifoidea, diarrea, hepatitis y polio”, comentó resignada la mujer.
Al colapso producido por los años de guerras se sumó la falta de desarrollo. Sólo la ayuda internacional ha sido en mucho tiempo la fuente de recursos. En el poblado de Arawa pocas construcciones son de material, como la otrora oficina de la Salomon Airlines, hoy derruida. Desde hace años, las marcas de los impactos de proyectiles cubren casi por completo sus paredes claras.

Al momento de mi estadía, todo era fiesta, música y alegría. Estaba siendo testigo de la firma de los acuerdos de paz que contaba con la presencia del llamado Grupo de Vigilancia y la Misión de Observadores de las Naciones Unidas. Soldados de Australia, Nueva Zelanda, Fidji y Vanuato, serían los encargados de forzar su cumplimiento.

“Durante la guerra, para sobrevivir, debíamos escondernos en las montañas y en el interior de la selva. Los mercenarios contratados por el gobierno quemaban nuestras aldeas y escuelas. La guerra dejó más de 20 mil muertos”, comentó Joyce, un combatiente del Ejército Revolucionario de Boungainville.

Isla de Papúa Nueva Guinea

Bougainville es el nombre de una isla perteneciente a Papúa Nueva Guinea, estado situado al norte de Australia y al este de Indonesia. Este país abarca la porción oriental de Nueva Guinea y un grupo de islas menores esparcidas pocos grados por debajo de la línea ecuatorial. Administrativamente se divide en 20 provincias y tiene seis millones de habitantes.

Desde el aire, el viaje hasta Bougainville semeja una postal casi idílica. La isla, que aflora sobre 9.500 kilómetros cuadrados, posee 200 kilómetros de largo y un ancho variable entre 60 y 100. Su tortuoso relieve, sembrado de picos ardientes, culmina en el volcán Balbi, apenas un centenar de metros más bajo que el Champaquí. Abundantes precipitaciones descargan seis mil milímetros anuales de agua, lo cual convierte al interior en una selva casi impenetrable. Alrededor de Bougainville, y a manera de colección de esmeraldas alargadas y esparcidas sobre un tapete de color azul intenso, diminutos islotes coralinos tapizan el océano. Rodeados de halos de color turquesa, resultaban poco menos que espejismos que confirmaban así aquélla frase que me había cautivado en pleno vuelo “nuestro mal es el síndrome del paraíso”. Así había definido a Bougainville mi compañera de vuelo durante el trayecto de apenas 40 minutos, desde la ciudad de Rabaul.

Esa geografía parece no dejar margen para imaginar los conflictos. Sin embargo, Papúa Nueva Guinea, con una población multirracial, heredó una diversidad étnica y lingüística en la que los intereses económicos, muy ajenos a ella, complicaron la convivencia.
“Permítame, por favor, hojear su pasaporte. Es la primera vez que tengo en mis manos un pasaporte argentino”, me dijo sonriente Kongu Maneke en el aeródromo de la localidad de Arawa. Unos minutos antes, el pequeño avión se posaba sobre una tierra tan roja que, por un momento, imaginé estar en algún poblado perdido del interior de la provincia de Misiones.

El interés estratégico y económico de estas islas fue disfrazado bajo el pretexto de evangelizar. Descubierta por Torres en 1606, la implacable conquista que siguió al explorador Louis Antoine de Bougainville, en 1768, supuso el exterminio de los nativos diezmados por matanzas y enfermedades desconocidas. Colonizadas por ingleses y luego alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial japoneses y aliados se disputaron gran parte de este archipiélago. A partir de 1945 el territorio pasó a ser administrado en fideicomiso por Australia hasta que llegó la independencia, 30 años más tarde. En aquel momento, Papúa Nueva Guinea reclamó y tomó posesión de la isla de Bougainville, geográficamente más próxima a las Islas Salomón, otro archipiélago que pasó a ser independiente en 1978. Bougainville aceptó a regañadientes sumarse a Papúa Nueva Guinea, ya que un fuerte movimiento independentista, bajo el mando del sacerdote John Momis, exigía la creación de un Estado separado.
Antes de la independencia, se había descubierto uno de los mayores yacimientos de cobre y oro del mundo, al sur de la isla. En 1972 la mina, conocida como Panguna, comenzó a ser explotada a cielo abierto: los tres mil obreros provenían de la isla y trabajaban en estado de semiesclavitud. Pronto la población local empezó a movilizarse y a reclamar condiciones dignas de trabajo y el respeto a su medio ambiente.
Desde Arawa, viajé en camión por caminos sinuosos y abandonados. A lo lejos y en lo alto de una colina, el establecimiento minero de Panguna semejaba una auténtica ciudad cerrada y prohibida. Guardias armados especialmente contratados brindaban protección a sus instalaciones rodeadas de alambres de púas.

La indignación crecía

Hacia 1989 y apoyados por el gobierno de las Islas Salomón, nació un movimiento guerrillero, el Ejército Revolucionario de Boungainville, BRA por sus siglas en inglés, que exigía compensaciones económicas por la degradación ambiental. El BRA también procuraba aumentar la participación nacional en el consorcio anglo-australiano-canadiense que controlaba el 90 por ciento de la mina. Los sabotajes y ataques aumentaron hasta que el complejo de Panguna fue clausurado en 1989. Acto seguido, el BRA radicalizó sus demandas y se convirtió en un violento movimiento secesionista que declaró la independencia de Bougainville. Sin reconocimiento internacional, se proclamó la República de las Islas Salomón del Norte estableciéndose un gobierno provisional en Honiara. Como respuesta, el Gobierno intentó frenar el movimiento separatista de la provincia rebelde imponiendo entonces un bloqueo militar total: “Vivíamos como subhumanos. No teníamos escuelas, ni libros, ni agua potable; los barcos no llegaban”, recordó mi acompañante. Estas medidas incrementaron el enfrentamiento. El gobierno de PNG, desesperado por el daño causado debido a la falta de regalías mineras inició todo tipo de acciones, ya sin miramientos: estableció la pena capital y practicó la desaparición forzada de personas. Dado que, ni aun con esos métodos logró frenar a los rebeldes, contrató un escuadrón de mercenarios de la empresa Sandline International, una compañía registrada en las Bahamas y con oficinas en Londres. Millones de dólares fueron a parar a manos de sudafricanos blancos, la mano de obra desocupada tras la conclusión del apartheid que oficiaba de mercenaria. Ante el escándalo que supuso la maniobra, cayó el Gobierno y se suspendieron las tareas de Sandline.
(Spicer custodiado al caerse el contrato de Sandline)

Tan lejano y tan cercano

Las explotaciones mineras perturban inevitablemente los sistemas biofísicos (suelo, vegetación, agua y atmósfera) aunque de acuerdo al mineral, la técnica extractiva y la geomorfología del lugar, esas perturbaciones varían. El ejemplo de la mina de Panguna resulta especialmente dramático porque se estima que, antes de la sublevación del BRA su explotación había arrojado más de 600 millones de toneladas de residuos contaminados en la cuenca del río Kawerong, cubriendo cerca de dos mil hectáreas, incluso a más de 30 kilómetros de la mina.
Como el mineral extraído de una mina debe ser tratado para concentrarlo, se producen grandes cantidades de residuos, tales como cianuro y mercurio, casi imposibles de eliminar. Los riesgos de contaminación del agua superficial y subterránea y de la atmósfera se agravan por el drenaje del agua de lluvia. Mientras los países del Primer Mundo adoptan severas legislaciones y exigencias ambientales, sus propias empresas hacen lo que quieren en los países que les permiten sus “inversiones”.

(mina a cielo abierto de Andalgalá)

La mina de Panguna se sitúa casi en las an típodas de la Argentina. Sin embargo, basta viajar a la Puna y las provincias mineras para comprobar que el modelo de explotación pareciera calcado del de aquélla. O Farallón Negro, en Catamarca, donde las multinacionales que extraen oro, plata y otros minerales, dejan como ganancia –para los pobladores locales– la contaminación de suelos, aguas y tierras; secan la cuenca del río Santa María y ceden como regalías apenas el 1,5 por ciento de las ganancias que obtienen. Cuando en los ‘90 el neoliberalismo posó sus garras en nuestro país, empresas mineras australianas, canadienses y de otros países del Primer Mundo llegaron atraídas por condiciones leoninas: libre disponibilidad de ganancias, exoneración de impuestos, mano de obra barata, controles medioambientales laxos. Desde entonces se han multiplicado sus “inversiones”.

Minería con ejércitos mercenarios
Un número cada vez mayor de nuevas operaciones de seguridad de las corporaciones en todo el mundo vinculan a ex oficiales de inteligencia, de ejércitos y veteranos de escuadrones de la muerte. Van al combate pagados por nuevos jefes: las industrias mineras.
El advenimiento de nuevas tecnologías como el mapeo por satélite asistido por computadora y el uso de cianuro para extraer oro han convertido operaciones antes marginales en potenciales fábricas de hacer dinero (para las transnacionales). El colapso de la Unión Soviética y la firma de tratados de libre comercio en todo el mundo ha abierto a países como Angola, que antes estaban fuera de los límites de las multinacionales occidentales. Y por último, la disponibilidad de capital y la mitigación del riesgo han sido asegurados por instituciones financieras internacionales, como las agencias bilaterales y multilaterales incluyendo al Banco Mundial y el Banco de Importación-Exportación de EE.UU. Están ansiosos por proporcionar dinero y seguro contra riesgo político a proyectos privados de extracción de recursos prácticamente en cualquier lugar del mundo.

La mina de Panguna, con sus “Fuerzas de Autodefensa”
Hace algunos años, Tim Spicer, ex miembro de los Servicios Aéreos Especiales británicos (SAS, por su sigla en inglés), tuvo una reunión con dos altos funcionarios gubernamentales en relación a la compra de una mina de cobre de propiedad de Rio Tinto, el gigante minero anglo-australiano, en la isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Menos de un mes después era conducido a un tribunal de Papúa Nueva Guinea por haber sido contratado por el gobierno para proporcionar un ejército mercenario para tomar la mina de cobre. Su misión había sido vencer a un pequeño grupo de luchadores por la libertad que habían cerrado la mina de cobre durante casi diez años. Cuando la noticia del contrato de Spicer se hizo pública, ciudadanos comunes y oficiales del ejército local tomaron la ley en sus propias manos. Los disturbios produjeron el cierre de tiendas, bancos y escuelas, y el bloqueo de las principales carreteras, hasta que camiones de policías armados con rifles automáticos finalmente dispersaron a la multitud enfurecida con gas lacrimógeno y balas de goma (ver Boletín N° 7 del WRM).
Mejor suerte tuvieron en Colombia dos ex oficiales del SAS. Sus cajas negras llenas de armas y municiones pasaron sin problemas por el punto de control a cargo de un colega, Bill Nixon, ex oficial de inteligencia británico, cuyo nuevo trabajo era brindar seguridad en el aeropuerto privado de propiedad de British Petroleum (BP). Los tres mercenarios habían sido contratados por BP para ayudar a entrenar a la policía colombiana –famosa por sus abusos contra los derechos humanos– para proteger la plataforma petrolífera de Dele-B. La compañía petrolera interpretó las consideraciones de seguridad en forma amplia. Según un informe encargado por el gobierno colombiano, BP colaboró con soldados locales involucrados en secuestros, tortura y asesinatos. El documento no publicado alega que la compañía petrolera recopiló información incluyendo fotos y filmaciones de video de las protestas de los pobladores locales contra las actividades petroleras– y pasó la información a los militares colombianos que después arrestaron o secuestraron a los manifestantes como “subversivos”.
La mayoría de los hombres que gestionan las operaciones con mercenarios tienden a operar en segundo plano, empleando a otros hombres –asesinos a sueldo locales o importados– en las operaciones de campo. Tanto el contrato de Colombia como el de Papúa Nueva Guinea fueron arreglados en oficinas de Londres, administradas por otros ex funcionarios de SAS como Anthony Buckingham, uno de los operadores más oscuros del negocio de la seguridad, que administra un miniconglomerado de compañías mineras, petroleras y mercenarias desde sus discretas oficinas londinenses. El ejército mercenario más infame contratado por los nuevos colonialistas es Executive Outcomes (EO) que suministró los soldados de alquiler a Buckingham y Spicer en Papúa Nueva Guinea.

Asesores de Seguridad de “Executive Outcomes”
La campaña más famosa de EO, sin embargo, fue en Sierra Leona en mayo de 1996. Los mercenarios de EO llegaron a Sierra Leona mejor equipados que la mayoría de los ejércitos de África, con helicópteros de ataque rusos, un sistema de intercepción de radio, dos Boeing 727 para transportar tropas y suministros, una aeronave Andover para evacuación de víctimas, y bombas aire-combustible (fuel air explosives, conocidas como bombas FAE). Utilizadas con resultados devastadores por EE.UU. en la guerra del Golfo, las bombas FAE –cuyo poder se ubica un escalón por debajo de las armas nucleares– absorben el oxígeno después de la detonación, matando todo tipo de vida en una milla cuadrada a la redonda. La operación dejó a EO un lucrativo contrato de seguridad financiado con las ganancias obtenidas de las minas de diamantes.

Ya sé a quién llamar para que me cuide el country
Pero no son de ninguna manera los únicos actores principales. Existen al menos un par de docenas más que trabajan para la industria minera suministrando servicios de “seguridad” a las compañías y gobiernos de Colombia, Guyana y Venezuela en América del Sur; Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona en África occidental; Angola y Namibia en África del Sur; ex Zaire en África central; Sudán y Uganda en el este de África; Papúa Nueva Guinea e Indonesia en el Pacífico; y Kazajstán en Asia central. Muchos de estos reclutas son veteranos del Batallón 32 de Sudáfrica y de la Civil Cooperation Bureau (Oficina de Cooperación Civil) que fueron las unidades más notorias de las fuerzas del antiguo apartheid hasta que las elecciones trajeron un gobierno multirracial al poder hace pocos años.

Mientras tanto, la compañía minera Rio Tinto con base en el Reino Unido ha hecho esfuerzos en Indonesia para convencer al mundo de su compromiso con los derechos humanos. Durante los últimos dos años ha contribuido con fondos para el Premio de Derechos Humanos Yap Thiam Hien. Este año el premio fue ganado por el defensor de los derechos humanos y poeta Wiji Thukul, que está desaparecido desde 1996. En diciembre la familia rechazó el premio argumentando que Rio Tinto estaba involucrada en varias violaciones a los derechos humanos en sus operaciones mineras en Indonesia y que en 1992 había sido responsable del arresto de manifestantes que exigían el pago de una compensación adecuada por el uso de sus tierras.
En una declaración en apoyo a la postura de la familia, las ONGs indonesias JATAM, WALHI y TATR enumeran algunas de las violaciones de derechos humanos en las que ha estado involucrada Rio Tinto, incluyendo las cometidas en la mina PT KEM en Kalimantan del este, investigadas por la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia en 1999 y 2000. Las denuncias incluyen casos de abuso sexual y violación de dieciséis mujeres y niñas entre nueve y diecinueve años, el arresto de quince manifestantes en 1992 y la posterior muerte de uno de ellos; el desalojo forzoso de los mineros tradicionales realizado por los militares indonesios y la quema de cientos de casas entre 1982 y 1991. La declaración también describe la participación de Rio Tinto en distintos casos a través de sus acciones en la mina de cobre y oro Freeport Indonesia en Papúa occidental (Rio Tinto tiene una participación del 15% ); la mina Kaltim Prima Coal (co- ropiedad con BP); la mina de oro Lihir en Papúa Nueva Guinea y la mina Panguna en Bougainville. La declaración exhorta a los ejecutores del Programa del Premio Yap Thiam Hien a no seguir aceptando financiación de violadores de los derechos humanos. “No se debe dar a los violadores de los derechos humanos la oportunidad de que se libren de responsabilidad por sus acciones…”

fuentes: www.lavoz.com.arhttp://www.noalamina.org/